El control concreto de constitucionalidad por consulta judicial en Ecuador: límites entre la supremacía constitucional y la interpretación pro homine

Bryan Steven Silva Guamushig

doi:10.33324/udalawreview.v7i1.1137

Authors

Bryan Steven Silva Guamushig Investigador Independiente

DOI:

https://doi.org/10.33324/udalawreview.v7i1.1137

Keywords:

concrete constitutional review, constitutional interpretation, judicial consultation, Constitutional Court of Ecuador, constitutional supremacy

Abstract

This article examines concrete constitutional review through judicial consultation in Ecuador, as established in Article 428 of the Constitution and Article 141 of the Organic Law on Jurisdictional Guarantees and Constitutional Control. Its objective is to analyze the tensions arising between constitutional supremacy and the favorability principle of human rights. This is particularly relevant when ordinary judges refer norms to the Constitutional Court by invoking the block of constitutionality and conventionality control to seek a ruling on a specific case.

Through a qualitative approach based on doctrinal and jurisprudential analysis, the study finds that this mechanism aims to ensure an application compatible with the Constitution and a pro homine interpretation. However, in practice, it tends to produce an extensive and discretionary reinterpretation capable of disregarding the will of the constituent assembly. The main findings reveal that merely citing a presumptively unconstitutional norm is not sufficient for the referring judge. The judge must adequately provide the grounds for their reasonable doubt to avoid distorting the nature of the procedure.

Likewise, the analysis shows that the Constitutional Court tends to declare the unconstitutionality of a norm when it violates fundamental rights or due process. Conversely, it upholds the norm when it is generally compatible with procedural principles of law. The article concludes that, although concrete constitutional review seeks to preserve constitutional supremacy and effective rights protection, it must not become a routine avenue for normative reinterpretation.

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25. Como ha quedado en evidencia, el control difuso de constitucionalidad también se caracteriza por ser concreto, con efectos particulares e incidental. Sobre esto último, cuando hablamos de control incidental, la práctica en Ecuador nos refiere a la facultad de los jueces para elevar a consulta a la Corte Constitucional, la norma de la que se cuestiona su constitucionalidad. Así, durante la sustanciación del juicio, el juez podrá suspenderla, para que el órgano constitucional especializado se pronuncie en un plazo de hasta cuarenta y cinco días (CRE, Art. 428).

26. Storini, Claudia, Masapanta, Christian, y Guerra, Marcelo, ‘‘Control de constitucionalidad en Ecuador: muchas alforjas para tan corto viaje’’, Revista de Derecho FORO, no. 38 (2022): 11. DOI: https://doi.org/10.32719/26312484.2022.38.1

27. Storini, Claudia, Masapanta, Christian, y Guerra, Marcelo, ‘‘Control de constitucionalidad en Ecuador: muchas alforjas para tan corto viaje’’, Revista de Derecho FORO, no. 38 (2022): 11. DOI: https://doi.org/10.32719/26312484.2022.38.1

28. Generalmente se suelen tratar como sinónimos potestad y facultad, sin embargo, son disímiles. Así, la facultad es, pues, la investidura jurídica que posee un servidor público para realizar actos jurídicos válidos dentro de su competencia. Por su parte, la potestad implica un derecho-poder jurídico que coloca a su titular en una situación de superioridad, para imponer decisiones o mandatos obligatorios,

ejercer su autoridad con capacidad coercitiva y cumplir con su deber irrenunciable en aras de tutelar intereses ajenos o colectivos.

29. Vásquez, Domingo, ‘‘Estudio de los principios de interpretación constitucional’’, Interpretación Constitucional (Santo Domingo: República Dominicana, 2020): 62

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31. LOGJCC, Art. 76, núm. 2.

32. Cassagne, Juan Carlos, Derecho administrativo, tomo II (Buenos Aires: Editorial Lexis Nexis, 2006), 320.

33. LOGJCC, Art. 76, núm. 6.

34. La Sentencia No. 031-09-SEP-CC de 2009 define con claridad esta distinción: ‘‘a) Efectos inter partes: es decir, que vinculan, fundamentalmente a las partes del proceso. b) Efectos inter pares: una sentencia de esta naturaleza supone que la regla que ella define debe aplicarse en el futuro, a todos los casos similares’’

35. Corte Constitucional del Ecuador, ‘‘Sentencia No. 109-11-IS (Precedente judicial en sentido estricto)’’, Caso No. 109-.11-IS, 26 de agosto de 2020, párr. 34.

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38. CRE, Art. 427.

39. Este término fue acuñado mediante Sentencia No. 227-12-SEP-CC (2012) que obedecía a tres parámetros: razonabilidad, lógica y comprensión. En Sentencia No. 1158-17-EP/21 (caso de garantía de la motivación), la Corte Constitucional se alejó explícitamente de este criterio y concluyó que, el test de motivación, aunque cumplió en su momento la función de guiar la vulneración de la garantía de la

motivación, actualmente buscaba una ‘‘exigencia máxima de que el juez dote a sus decisiones de una motivación correcta, y no la exigencia mínima de aportar una motivación suficiente’’ (párrs. 45-46).

40. LOGJCC, Art. 3.8.